Expansión publicitaria en contexto de austeridad declarada

El presupuesto legislativo para 2026 asciende a $27.341.584.878, lo que representa un incremento del 36,7% respecto al ejercicio del 2025. Esta cifra supera en 10,7 puntos porcentuales la inflación prevista por el INDEC y consultoras privadas para 2025, estimada en 26%.

La partida destinada a publicidad y propaganda registra el salto más pronunciado dentro del conjunto de ítems presupuestarios. Los legisladores oficialistas justificaron el incremento, argumentando que los fondos se destinarían a difundir actividades legislativas y, programas como UBA XXI. No especificaron qué porcentaje de los $328 millones correspondería a cada rubro, ni presentaron un plan de comunicación que sustentará técnicamente la magnitud del aumento.

La aprobación ocurrió en la misma semana en que funcionarios del área económica provincial —Augusto Coloe, Mauro Agustín Castro y la licenciada Colombo— presentaron en comisiones legislativas un diagnóstico caracterizado por la caída de ingresos, recortes de transferencias nacionales, menor recaudación petrolera y, presión financiera creciente. Los técnicos plantearon la necesidad de endeudamiento y asistencia urgente para municipios en situación límite.

Antecedentes judiciales y estructura de gastos

El Tribunal de Cuentas de la Provincia, presentó el 29 de abril de 2025 una denuncia penal contra la gestión del vicegobernador Fabián Leguizamón ante la Fiscalía N° 2 de Río Gallegos. La vocal por la minoría política, Karina Saúl, incluyó en el expediente observaciones sobre uso indebido del Fondo Rotatorio, alquiler de inmuebles que estarían a nombre del propio vicegobernador, aportes a fundaciones sin documentación respaldatoria, y gastos en publicidad a medios sin certificación o por períodos superiores al monto mensual acordado. El Tribunal calificó los hechos como presunto fraude y malversación de fondos públicos.

El presupuesto 2026 también contempla $51 millones para alquileres, incluyendo las oficinas de la ex Jefatura de la Región VII de Gendarmería Nacional en la esquina de Sarmiento y Pellegrini. La Legislatura destinará además $53.488.922 a mantenimiento y reparación de edificios, sin precisar si corresponden al nuevo anexo o al edificio central. La suma de ambos ítems supera los $104 millones.

Según un informe de la Fundación Libertad publicado el 9 de noviembre de 2025, la Cámara de Diputados santacruceña gasta el 97,2% de su presupuesto en sueldos, ubicándose al tope del ranking entre los parlamentos provinciales en esta categoría.

Críticas de la oposición y votación dividida

La diputada Agustina Mora (Unión por la Patria) cuestionó el incremento de la pauta durante el debate presupuestario. Señaló que el equipo económico informó sobre pagos de alquileres de viviendas, sin utilidad comprobada y sin explicación sobre su destino. Afirmó que el único ajuste real, recayó sobre los trabajadores legislativos, mientras que la estructura de cargos proyectada exhibe inconsistencias entre puestos creados y personal efectivamente empleado.

Mora contrastó el aumento publicitario con el contexto de crisis provincial y con el mensaje de austeridad transmitido por el Ejecutivo. Observó que la provincia triplicó el déficit en un año y que el incremento de $24 millones a $300 millones en pauta, resulta incompatible con un pedido simultáneo de presupuesto de emergencia orientado al ajuste del gasto corriente.

El despacho, se votó por moción del oficialismo a pesar de que la oposición solicitó postergar la decisión. Votaron a favor Pedro Luxen, Santiago Abarastain, Fabiola Loreiro y Adriana Nieto. Votaron en contra Carlos Santi y Agostina Mora. Pedro Muñoz se abstuvo.

Planta política versus planta permanente

La Secretaría Administrativa de la Legislatura registró una reducción del gasto en personal efectivo, pasando de 823 sueldos pagados en noviembre de 2023 a 635 empleados activos en 2025. Sin embargo, el presupuesto 2026 prevé 739 cargos, lo que implica 104 posiciones adicionales respecto a la dotación actual.

De ese total proyectado, solo 343 corresponden a planta permanente. Los restantes 396 se distribuyen en 25 autoridades superiores, 203 puestos de personal superior sin estabilidad (asesores, secretarios, directores, subdirectores y auxiliares), 64 jefaturas políticas de departamento y 104 cargos de personal de bloque. El presupuesto no contempla contratados.

Los empleados de planta permanente no perciben ítems por cargos jerárquicos que sí reciben el resto de las posiciones políticas, lo que genera una diferencia salarial entre ambas categorías dentro de la misma estructura legislativa.

Pedido de informes sobre operación inmobiliaria

La Cámara aprobó por unanimidad el 11 de diciembre un proyecto del diputado Pedro Muñoz (CC-ARI) que solicita precisiones sobre la compra del predio de Austral Construcciones. El inmueble fue embargado por la justicia y posteriormente adquirido por Santa Cruz Puede SAU, una sociedad creada sin capital que compró la propiedad por 2 millones de dólares.

El pedido de informes busca que el Ejecutivo explique por qué el gobierno compró un bien que, según el proceso judicial en curso, iba a ser expropiado y pasaría a manos del Estado. El proyecto recibió consenso de todos los bloques y ahora aguarda respuesta del Poder Ejecutivo sobre los procedimientos seguidos durante la operación.