Chalub describe un contexto de violencia que desborda a las familias y propone talleres educativos para 2026, con sanciones penales para adultos y abordajes institucionales para menores. Su declaración surge tras la agresión a Tiago, un adolescente de 16 años, víctima de una golpiza. El incidente, con imágenes que evocan casos de extrema violencia como el de Baez Sosa, genera repudio generalizado en la comunidad.

Chalub califica el hecho como reflejo de un "contexto de mucha violencia" que los adultos transmiten a los menores, agravado por deficiencias en servicios de salud mental, desempleo y dificultades económicas que impactan en los hogares.

La funcionaria enfatizó la corresponsabilidad familiar. Señala un "desborde" en las familias que no saben contener a sus hijos ni poner límites, donde "hay familias que no están siendo garantes de los cuidados". Propone que los mayores involucrados respondan penalmente, mientras los menores de 16 años reciben intervenciones estatales. Recuerda un caso anterior en que un adolescente que provocó un corte de luz en la ciudad enfrentó no solo multas, sino la obligación judicial de que su progenitor asistiera a talleres de fortalecimiento familiar organizados por la Secretaría. Estos espacios buscan "desandar ese camino de violencia" en el que crecen los chicos, mediante trabajo con psicólogos y la identificación de familiares alternos que ofrezcan garantías de cuidado para alejar a los menores de entornos agresivos.

Para el ciclo 2026, la Secretaría planea implementar talleres masivos sobre temas como límites parentales, grooming, bullying, ludopatía y otros desafíos emergentes derivados del desconocimiento familiar. Estos programas priorizan la educación de los padres junto a la contención directa de los adolescentes, con el fin de prevenir escaladas violentas. Datos del Ministerio de Desarrollo Social de Santa Cruz registran un alza del 20% en intervenciones por violencia intrafamiliar entre 2024 y 2025, con casos que involucran a menores como agresores o víctimas.

Además, la propuesta de Chalub se alinea con avances legislativos en otras provincias. En Mendoza, la Legislatura aprobó por unanimidad en noviembre de 2025 un proyecto que modifica el Código de Contravenciones para incorporar la responsabilidad parental en acoso escolar. La norma añade artículos del 100 bis al 100 sexties, definiendo el bullying como conductas reiteradas que causan daño emocional, físico o psicológico. Las escuelas notifican a los tutores, ofrecen apoyo psicopedagógico y, ante falta de colaboración, derivan al Juzgado Contravencional. Sanciones incluyen trabajo comunitario de 5 a 50 días, multas de 500 a 5.000 unidades fijas (210.000 a 2.100.000 pesos, ajustables en enero de 2026) y asistencia obligatoria a talleres de parentalidad o terapia familiar. En reincidencias, las penas se duplican, y los fondos se destinan al Fondo Provincial para la Prevención y Asistencia al Acoso Escolar.

La Secretaría de Niñez monitorea la implementación de talleres para enero de 2026, en coordinación con el Ministerio de Salud provincial. Autoridades municipales evalúan derivaciones judiciales en el caso de Tiago, conforme a la ley nacional 26.150 de educación sexual integral. El proyecto mendocino aguarda reglamentación para el ciclo lectivo 2026.