El caso, con cargos retirados en 2017 tras años de parálisis, genera tensiones políticas en el Congreso argentino. Villaverde, de 28 años al momento de los hechos, residía en el condado de Miami desde 1999 y trabajaba en una boutique de moda en Miami Beach. El proceso se originó en una operación federal contra el narcotráfico que involucró a varios actores, entre ellos un colombiano y un cubano con presuntos lazos con organizaciones delictivas. La detención inicial ocurrió en Sarasota, Florida, y derivó en un juicio que expuso irregularidades procesales.

Además, el expediente federal número 8:02-cr-00280 detalla dos cargos principales: venta y distribución de drogas ilícitas, junto con conspiración para distribuir narcóticos. La pena máxima prevista ascendía a 20 años de prisión. Villaverde se declaró no culpable en su primera comparecencia, pero el jurado la encontró culpable en octubre de 2002, lo que llevó a su detención inmediata bajo custodia federal.

Por su parte, el juicio oral se inició el 15 de octubre de 2002 ante el juez William S. Castagna. La selección de jurado y la presentación de evidencias, incluyendo grabaciones autorizadas, culminaron cuatro días después con el veredicto adverso. La defensa solicitó de inmediato un nuevo juicio, que el juez concedió para el 5 de noviembre, aunque rechazó la excarcelación bajo fianza por riesgo de fuga.

En paralelo, los coacusados Fabio Restrepo y Jesús Ferrer optaron por acuerdos con la Fiscalía. Restrepo se declaró culpable el 27 de septiembre de 2002 y recibió una pena reducida a un año y medio de prisión más tres años de libertad vigilada, gracias a su cooperación. Ferrer siguió el mismo camino el 10 de octubre y cumplió tres años y once meses de cárcel, seguidos de cinco años supervisados.

A su vez, Villaverde obtuvo excarcelación condicional en algún momento de 2003, pero incumplió las condiciones de vigilancia, lo que provocó una orden de arresto el 14 de marzo de ese año. La defensa invocó atenuantes como rol menor en el esquema, cooperación parcial y problemas de salud para pedir una sentencia inferior al rango federal recomendado. Sin embargo, el proceso se estancó sin resolución.

El 11 de abril de 2003, Restrepo y Ferrer ya enfrentaban sus condenas ejecutoriadas. Restrepo salió en libertad el 8 de julio de 2004, mientras que Ferrer lo hizo el 30 de noviembre de 2005. En contraste, el caso de Villaverde permaneció inactivo por más de una década, con solicitudes de decomiso de bienes por US$17.000 aprobadas preliminarmente en enero de 2003, pero sin avance.

Además, la Fiscalía Federal de Florida solicitó el retiro de cargos el 24 de agosto de 2017 ante la jueza Mary S. Scriven, argumentando el tiempo transcurrido sin sentencia. La jueza accedió al día siguiente, cerrando formalmente el expediente. Dos años después, el 13 de marzo de 2019, el tribunal destruyó las evidencias físicas vinculadas a Villaverde, ya que nadie las reclamó.

Por su parte, Villaverde regresó a Argentina en fecha no precisada y se instaló en la zona norte del Gran Buenos Aires, donde contrajo matrimonio y se divorció con acusaciones mutuas de violencia. Posteriormente, se mudó a Río Negro, donde forjó lazos políticos con figuras locales de La Libertad Avanza. En 2023, asumió como diputada nacional, pero su juramento se postergó por cuestionamientos a su historial.

En paralelo, las elecciones de medio término de 2025 la posicionaron como senadora por Río Negro bajo el mismo espacio político. No obstante, la oposición en el Senado bloquea su asunción, alegando incompatibilidades derivadas del expediente estadounidense. Su entorno sostiene que no existió posesión de estupefacientes ni vínculos con redes mayores, y que el cierre del caso elimina barreras legales.

A su vez, el derrotero revela conexiones indirectas: uno de sus aliados en Río Negro resulta ser familiar de un empresario extraditado a Estados Unidos por lavado de activos y narcotráfico. Estas ramificaciones alimentan el debate en comisiones parlamentarias sobre requisitos éticos para legisladores.

El expediente de Florida permanece cerrado desde 2017, con evidencias eliminadas en 2019. La Cámara de Senadores evalúa en sesiones cerradas la viabilidad de la juramentación de Villaverde, pendiente de un dictamen técnico que se prevé para las próximas semanas.