El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, anunció la colocación de portones de hierro en tres ingresos del barrio Parque, que se cerrarán entre la 1:00 y las 5:00 de la madrugada. La decisión se tomó tras una serie de robos y allanamientos registrados en las últimas semanas. El proyecto piloto, según el jefe comunal, contaría con el apoyo de una parte de los vecinos.

Sin embargo, el anuncio reavivó el debate sobre la legalidad de restringir el paso por la vía pública. En 2024, la misma administración municipal había esbozado una idea similar para otro sector de la ciudad, que finalmente no se concretó tras recibir observaciones de asesores legales. Ferrer sostuvo ahora que se realizará una audiencia pública para analizar la viabilidad del proyecto, aunque ya inició tratativas con empresas para la fabricación de las estructuras.

La provincia de Córdoba registra un incremento en los delitos contra la propiedad, según los últimos reportes oficiales trimestrales. Otras localidades como Villa María y Río Cuarto han optado por reforzar los sistemas de alarmas comunitarias y la instalación de cámaras de vigilancia, sin recurrir al cierre físico de calles. Estrategias de "urbanismo defensivo" con barreras permanentes son más frecuentes en barrios privados que en espacios públicos gestionados por municipios.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 y su par provincial establecen la libre circulación por las vías públicas. Cualquier modificación que la restrinja requiere estudios de impacto y autorizaciones de organismos de tránsito, pasos que la comuna no detalló en el anuncio inicial.

El intendente Ferrer describió la iniciativa como una respuesta a reclamos vecinales por hechos delictivos. Aseguró que el cierre será "controlado" y que se evaluará su funcionamiento. No especificó cómo se coordinará con los servicios de emergencia o qué pasará con el tránsito de residentes que regresen a altas horas de la noche.

Consultado sobre los posibles conflictos con la normativa de tránsito, el funcionario municipal argumentó que prioriza la seguridad de los habitantes. No presentó, en cambio, dictámenes jurídicos que avalen la medida ni explicó por qué esta opción sería preferible a un mayor patrullaje o iluminación, estrategias aplicadas en otras localidades de similar tamaño.

La implementación del plan dependerá de los resultados de la audiencia pública y de las autorizaciones correspondientes, trámites que el municipio aún debe completar. La medida plantea un precedente sobre la gestión de la seguridad mediante la modificación del espacio público compartido.