Caleta Olivia:

A tres meses del traspaso de diez áreas maduras que estaban en manos de YPF a nuevas operadoras, el sindicato de Camioneros salió al cruce por la falta de definiciones sobre planes de inversión, el incumplimiento en los pagos a contratistas y la nula comunicación acerca de la continuidad laboral de los trabajadores. El secretario general del gremio en Santa Cruz, Sergio Sarmiento, advirtió que la situación es "muy desprolija" y reclamó al gobierno provincial que interceda para evitar una nueva ola de despidos en la zona norte.

El viernes pasado, representantes de los sindicatos de Camioneros, Petroleros, Jerárquicos y UOCRA mantuvieron un encuentro con el ministro de Gobierno, Pedro Luxen, y funcionarios del Ministerio de Trabajo. El objetivo era evaluar el estado de las operadoras que asumieron la gestión de los yacimientos el 1° de diciembre, tras la salida de YPF. Sarmiento calificó el resultado como insatisfactorio. Según explicó, varias de las empresas convocadas no enviaron representantes con capacidad de decisión, sino que delegaron la presencia en abogados de Río Gallegos "que no estaban en tema". "Si no quieren hablar con los sindicatos, no tengo problema, pero que haya una comunicación y que nosotros sepamos bien qué va a pasar con las empresas, con la gente y con la inversión", reclamó.

En cuanto a la situación operativa, uno de los puntos centrales del reclamo gremial es la paralización de muchas contratistas que prestaban servicios en los yacimientos. Sarmiento señaló que, pese a que los contratos estaban vigentes al momento del traspaso, "hay empresas que todavía siguen paradas" y que no se les están haciendo efectivos los pagos. A eso se suma la presentación de un concurso preventivo de crisis por parte de una empresa de camioneros, una situación que, según el dirigente, ya fue notificada tanto a las operadoras como al Ejecutivo provincial. "Eso repercute en la gente y repercute también en que no sabemos si mañana te sobran 40, 10, 15 o 200 trabajadores", afirmó.

Sobre la posibilidad de despidos, el dirigente sindical fue tajante al advertir que lo que se juega en las próximas semanas es la estabilidad laboral de cientos de familias en una región ya golpeada por la desocupación. "Lo que uno no quiere es que después empiecen con que sobra gente, como ya pasó con la ida de YPF", sostuvo. Sarmiento reclamó a las operadoras que, si tienen previsto reducir personal, "que lo digan" y no dejen correr versiones sin asumir la responsabilidad. "A medias voces, por ahí uno escucha comentarios, pero nadie dice nada, y los dejamos pasar, y después empiezan los problemas más graves, como que no cobran", agregó.

Acerca del debate de fondo sobre inversión y rentabilidad, el sindicalista también puso en duda los argumentos de las empresas sobre la necesidad de reducir costos. Recordó que, con la salida de YPF, ya se produjo una importante baja de personal, por lo que consideró que "hoy encuentran un yacimiento saneado". Además, señaló que las nuevas operadoras accedieron a infraestructura ya existente, tienen la producción asegurada por YPF y gozan de beneficios como la reducción de regalías. "Están dadas las condiciones para sostener todo lo que hoy ha quedado de la gente trabajando. Han venido a ganar plata, pero la plata se gana trabajando, no reduciendo agendas", enfatizó. Sobre el impacto de la suba del precio internacional del barril por el conflicto en Medio Oriente, Sarmiento relativizó su efecto en la rentabilidad de las operadoras y afirmó que, incluso con un barril a 60 dólares, "pueden trabajar".

Ante el clima de tensión, el gobierno provincial convocó a una nueva reunión para este jueves en Caleta Olivia, con la participación de las operadoras, los sindicatos y funcionarios. Sarmiento dijo que esperarán ese encuentro para evaluar los pasos a seguir, pero advirtió que "la zona norte está muy golpeada por la cantidad de desocupación que hay" y que tanto el Estado como las empresas "tienen una parte social que cumplir". El dirigente también apuntó contra YPF por la demora en el inicio de las tareas de abandono de pozos y remediación ambiental, un compromiso que, aseguró, todavía no se ejecuta. "Son varias cosas que el gobierno tiene que ponerse al frente y empezar a definir, porque si no, en un tiempo más vamos a estar hablando de otras cosas, de incumplimientos, de paros, cosas que no queremos que sucedan", completó.