La decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York invalidó la resolución previa de la jueza Loretta Preska, quien había determinado que el país debía resarcir al fondo Burford Capital. De acuerdo con lo que explicaron fuentes judiciales, el tribunal de alzada consideró que los reclamos por incumplimiento de contrato no son procedentes bajo el código civil argentino ni las leyes de derecho público que regulan las expropiaciones. La resolución no fue unánime: los jueces Denny Chin y Beth Robinson conformaron la mayoría, mientras que el magistrado José Cabranes manifestó su disidencia. Con esta medida, el Estado argentino logra eludir, por el momento, un desembolso que el Poder Ejecutivo estimó equivalente a 70 millones de jubilaciones mínimas. El proceso judicial, que se extiende desde 2015, regresará ahora a las instancias inferiores para continuar bajo los parámetros fijados por el tribunal superior.

El eje de la discusión se centró en la interpretación de los estatutos de la compañía petrolera durante el proceso de estatización del 51% de las acciones. La defensa argentina sostuvo que las normas locales prevalecían sobre la obligación de realizar una oferta pública de adquisición (OPA) a los accionistas minoritarios. El tribunal ratificó además que la empresa YPF carece de responsabilidad legal en el proceso de nacionalización llevado a cabo durante la gestión de Cristina Kirchner. "Logramos una sentencia histórica", afirmó Javier Milei durante una cadena nacional grabada en la Casa Rosada. El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio. Según explicaron desde el entorno presidencial, el resultado responde a una estrategia que combinó pericia jurídica y diplomática para revertir un escenario que se consideraba adverso tras los fallos de 2023.

El fallo reabrió la confrontación política con el kirchnerismo. El jefe de Estado calificó la expropiación original como una "aventura suicida" y responsabilizó directamente al gobernador Axel Kicillof por las consecuencias financieras del litigio. Por su parte, la ex presidenta Cristina Kirchner defendió la legalidad del acto de utilidad pública realizado en su mandato, mientras que el mandatario provincial cuestionó la postura del Gobierno nacional frente a los fondos extranjeros. A raíz de este episodio, el Poder Ejecutivo anunció que enviará al Congreso una modificación a la Ley de Expropiaciones. El objetivo de la norma es establecer que la propiedad privada no pueda ser cuestionada por decisiones políticas y evitar nuevos litigios internacionales. "Expropiar está mal porque robar está mal", enfatizó el Presidente para justificar la necesidad de otorgar mayor seguridad jurídica a los inversores.

Para las autoridades nacionales, la resolución representa un alivio para las cuentas públicas y el riesgo país. No obstante, el caso no ha concluido de forma definitiva, ya que la causa debe retomar su curso en el tribunal de distrito. En el Gobierno existe optimismo respecto a que los nuevos criterios técnicos dificulten que los demandantes logren restablecer la condena original en el futuro cercano.