El conflicto interno en la Unión Tranviarios Automotor, específicamente en la seccional que nuclea a Santa Cruz y Tierra del Fuego, sumó un nuevo capítulo tras las denuncias de manipulación en los padrones y asimetrías en los haberes de los trabajadores. El vocero Juan Carlos Cuenca describió maniobras de fraude y discrecionalidad en la conducción de Rubén Aguilera, señalando un impacto directo en la representatividad de los operarios del sector. Según explicó el referente, la elección de 2022 estuvo marcada por el traslado de votantes desde Río Gallegos hacia localidades remotas como Perito Moreno con el objetivo de asegurar resultados favorables a la lista oficialista.

En este sentido, los cambios en los listados de votantes se habrían producido de forma sistemática durante la semana previa a los comicios. Este mecanismo operó como una estrategia para excluir a los sectores opositores, lo que resultó en una conducción que carece de legitimidad ante las bases. Debido a estas situaciones, una parte mayoritaria de los choferes en Tierra del Fuego optó por la desafiliación masiva, al considerar que la estructura gremial funciona actualmente como un sello administrativo sin representación real en el territorio.

Uno de los puntos técnicos de mayor peso en la denuncia radica en la aplicación arbitraria de las escalas salariales según el vínculo con las patronales. Mientras el Consejo Directivo Nacional de la UTA homologa acuerdos con las cámaras empresariales nucleadas en la FATAP, en la región se detectaron diferencias significativas en los montos percibidos por los empleados. De acuerdo con lo que explicaron los referentes del sector, existen brechas de hasta un millón de pesos en los haberes de trabajadores que realizan la misma tarea técnica, dependiendo de la relación de la empresa con la dirigencia local.

Este esquema sugiere que la conducción gremial pacta escalas inferiores con firmas vinculadas a la estructura sindical, mientras que en aquellas compañías sin afinidad se exige el cumplimiento estricto de los montos nacionales para generar presión operativa. Esta situación motivó la apertura de expedientes judiciales en los que se intenta verificar la legalidad de estos convenios específicos frente al Ministerio de Trabajo, ante la sospecha de maniobras perjudiciales para el salario real del trabajador.

A este escenario se suma el manejo de los beneficios sociales, como la entrega de indumentaria y útiles escolares al inicio del ciclo lectivo. Los testimonios coinciden en que estos recursos no se distribuyen de manera equitativa entre todos los aportantes, quienes contribuyen obligatoriamente con el 2% de su salario mensual al sostenimiento de la institución. La asistencia queda supeditada al alineamiento político con la secretaría general, excluyendo a quienes manifiestan disidencias a pesar de mantener sus obligaciones gremiales al día.

Simultáneamente, el patrimonio de la dirigencia regional también se encuentra bajo escrutinio judicial. Existen presentaciones que refieren a una evolución de activos no justificada y a la adquisición de propiedades rurales en la provincia de Córdoba. Si bien hay denuncias formales en los juzgados de Santa Cruz, los sectores disidentes advierten que los procesos presentan demoras administrativas inusuales. Por esta razón, instaron a las autoridades nacionales del gremio, encabezadas por Juan Carlos Cossio, a intervenir para regularizar la situación laboral en el extremo sur del país.

La normalización de la institución en la región patagónica depende hoy de la resolución de estas causas y de una auditoría exhaustiva sobre los convenios salariales vigentes. Por el momento, la incertidumbre persiste entre los choferes mientras las autoridades nacionales no definieron una postura oficial sobre la continuidad de la gestión cuestionada, dejando el conflicto en una etapa de definición tanto judicial como administrativa.