Lo que nació como un engranaje de lavado de dinero en la Patagonia es hoy el escenario de una crisis humana sin salida clara. El Hotel Aldea en El Chaltén, un inmueble que la justicia ya determinó fue adquirido mediante medios fraudulentos y que permanece bajo embargo judicial, se encamina a un desalojo inminente. El predio, símbolo del esquema de corrupción de las causas Los Sauces y Hotesur, alberga hoy a más de 100 personas, incluyendo 30 menores y pacientes de riesgo, quienes habitan el esqueleto de la obra ante la emergencia habitacional que asfixia a esta villa turística.

La situación judicial en los tribunales de El Calafate es compleja. La defensa de los ocupantes, ejercida por la doctora Estefanía MacDonald, ha solicitado la suspensión del lanzamiento previsto para el 30 de abril. El argumento central es que los residentes no son usurpadores en los términos penales clásicos: muchos fueron trabajadores contratados originalmente para la obra y autorizados a permanecer allí cuando el proyecto quedó a la deriva tras el avance de las causas por corrupción. Para la defensa, la figura penal no aplica y la acción, de existir, ya estaría prescripta, planteando un conflicto de derechos entre la recuperación de un bien decomisado por el Estado y el derecho humano a la vivienda.

La tensión en la villa turística escaló con denuncias sobre métodos de amedrentamiento para forzar la salida de las familias. Los residentes reportaron amenazas de cortes de servicios básicos bajo temperaturas bajo cero y la supuesta instalación de una garita de Gendarmería Nacional dentro del hotel, una medida que criminaliza a una comunidad compuesta por trabajadores locales —gasistas, electricistas y empleados municipales—. La paradoja es total: el Estado busca ejecutar el desalojo de un bien que fue robado a la ciudadanía, pero lo hace sin ofrecer una alternativa para las 260 personas que quedarían en la calle en un pueblo donde la oferta de alquileres permanentes ha desaparecido.

El caso del Hotel Aldea deja al descubierto la doble herencia del kirchnerismo en Santa Cruz: la de los edificios construidos con el dinero de la corrupción y la de la desidia gubernamental que dejó a sus propios trabajadores sin un pedazo de tierra donde vivir. Mientras el reloj corre hacia el 30 de abril, el destino de estas familias depende de una justicia que debe decidir si el recupero de un activo defraudado puede ejecutarse ignorando el desamparo social que el propio sistema generó.