La iniciativa legislativa, que buscaba declarar la emergencia económica, financiera y administrativa en el sector público provincial, permaneció menos de 24 horas en la Cámara de Diputados de Santa Cruz. La decisión de frenar su tratamiento ocurrió en un contexto de creciente conflictividad social y tras una exposición crítica de los representantes de los jubilados, quienes alertaron sobre las consecuencias de un eventual congelamiento de haberes.

De acuerdo con lo que explicaron fuentes legislativas, el retroceso del proyecto respondió a una moción presentada por el diputado oficialista Santiago Aberastain. El legislador argumentó la necesidad de preservar la "convivencia social" y abrir una instancia de debate intersindical antes de avanzar con una norma que impacta directamente en la estructura salarial y administrativa de la provincia.

Durante la jornada, la vocal por los pasivos ante la Caja de Previsión Social, Viviana Carabajal, presentó un diagnóstico sobre la realidad de los beneficiarios del sistema. Según precisó la representante, actualmente el 80% de los jubilados de la provincia se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. Carabajal cuestionó el artículo que condiciona futuros aumentos salariales a la existencia de recursos financieros, lo que interpretó como una parálisis efectiva de los ingresos frente a la inflación.

"No pueden congelar nuestro salario con un proyecto", señaló la vocal ante los legisladores. Por otra parte, criticó el régimen de pasividad anticipada voluntaria incluido en el texto. Para la representante, este mecanismo coloca al trabajador en una situación de incertidumbre y funciona como una herramienta de ahorro para el sistema previsional que recae sobre el eslabón más débil de la cadena laboral.

El proyecto enviado por el Ejecutivo provincial propone una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de extenderse por un año adicional. Entre los puntos centrales, la norma establece la reorganización del gasto público y la revisión integral de las estructuras administrativas, cargos y adicionales salariales de la administración pública.

Asimismo, el texto contempla la suspensión de ingresos de personal al Estado —con excepciones puntuales— y faculta al Gobierno para armonizar las mejoras remunerativas con la capacidad financiera real de las arcas provinciales. Según el proyecto, estas medidas buscan mitigar el déficit fiscal, aunque desde los sectores gremiales advirtieron que la ley intenta dar estatus legal a recortes que ya se ejecutan mediante resoluciones internas de la Caja de Previsión.

La devolución del expediente al Poder Ejecutivo fue recibida con celebraciones por parte de los sindicatos que se manifestaban en las afueras de la Legislatura. La jornada estuvo marcada por la tensión, incluyendo un cuarto intermedio dispuesto ante un presunto pedido de evacuación del edificio. Por esa razón, la apertura de una mesa de diálogo intersindical surge como la vía política para desactivar las medidas de fuerza.

A partir de ahora, el escenario legislativo queda supeditado a las modificaciones que el Gobierno acepte introducir en el texto original. Aunque el oficialismo mantiene la intención de declarar la emergencia para reorganizar las finanzas, la unanimidad en la votación para devolver el proyecto sugiere que el contenido final dependerá de los consensos alcanzados en las reuniones previstas para los próximos días.