El caso se originó el 26 de febrero, cuando un bebe de pocas semanas de vida fue trasladado por sus progenitores al Hospital Regional de Río Gallegos. El motivo inicial del ingreso fue un cuadro de llanto. Durante la revisión en el servicio de guardia, los profesionales detectaron un derrame ocular que motivó una evaluación clínica profunda para determinar la estabilidad del paciente. De acuerdo con lo que explicaron fuentes del centro asistencial, los estudios radiológicos y físicos posteriores revelaron un cuadro de alta complejidad. Los médicos identificaron una fractura de clavícula, otra en una costilla y diversas marcas cutáneas distribuidas en el tórax y en una de las extremidades inferiores.

A partir de estos hallazgos, el equipo interdisciplinario del hospital inició una serie de exámenes complementarios para descartar patologías congénitas o condiciones médicas preexistentes que pudieran justificar la fragilidad ósea o las marcas en la piel. Sin embargo, los resultados preliminares no habrían arrojado evidencias de enfermedades biológicas que expliquen las lesiones. Ante la ausencia de una justificación clínica para las fracturas, las autoridades sanitarias activaron de forma inmediata los protocolos de protección infantil. Esta medida incluyó la notificación a los organismos administrativos y la radicación de una denuncia ante el fuero penal para esclarecer la posible responsabilidad del entorno cercano.

En sintonía con estas medidas, tomó intervención la Secretaría de Niñez de la Municipalidad de Río Gallegos. El organismo inició las actuaciones administrativas orientadas a garantizar la integridad del menor mientras se sustancia la causa judicial. En una primera instancia, los padres permanecieron en el recinto hospitalario bajo la vigilancia de una operadora social. No obstante, el escenario procesal cambió tras un oficio emitido por la Justicia. Según explicaron personas al tanto de la causa, se dispusieron restricciones de acercamiento que impiden a los padres mantener el contacto directo con el bebé durante su recuperación. Actualmente, el cuidado del niño recae exclusivamente en el personal de enfermería y operadores sociales, con visitas rotativas de otros familiares autorizados.

Por otra parte, el accionar de los profesionales de la salud se encuadra en la legislación nacional, que establece la obligación de denunciar ante las autoridades cualquier sospecha fundada de vulneración de derechos. El sistema sanitario opera como una red de detección temprana donde la prioridad es el resguardo del paciente, independientemente de la determinación final de culpabilidad que establezca el juez. En este contexto, el menor permanece bajo monitoreo médico permanente. Las fuentes del ámbito institucional remarcaron que el bebé no puede ser manipulado por individuos ajenos al esquema de cuidados sanitarios y sociales diseñado por el juzgado interviniente.

Por último, la causa se mantiene en etapa de instrucción bajo la órbita del fuero penal. La resolución del caso y la determinación de responsabilidades dependerán de las pericias complementarias y de las declaraciones testimoniales que permitan reconstruir los hechos ocurridos en el ámbito privado de la familia antes del ingreso a la guardia del hospital regional.

Fuente: El diario nuevo día