La ausencia temporal de Claudio Vidal, motivada por su gira en busca de inversiones por Canadá y Estados Unidos, ha dejado al descubierto las costuras de una alianza que parece sostenerse más en la necesidad que en la coincidencia ideológica. En este escenario, Fabián Leguizamón, hoy al frente del Poder Ejecutivo, asume un rol que oscila entre la lealtad institucional y la crítica descarnada hacia las decisiones que, según su visión, desvirtúan el mandato original de las urnas. La reciente designación de Rocío García en la línea sucesoria de la Cámara de Diputados no ha hecho más que cristalizar un malestar que ya se percibía en los pasillos de la política local, donde la "indisposición" de Leguizamón durante el acto oficial del domingo fue leída por muchos como un mensaje político cifrado.

En este sentido, el vicegobernador no esquiva el bulto al señalar que la incorporación de cuadros técnicos y políticos provenientes de gestiones anteriores —específicamente del kirchnerismo y del peraltismo— genera una inconsistencia difícil de digerir para el núcleo duro del radicalismo. Bajo su perspectiva, aunque la dinámica del Estado exija experiencia, existe una contradicción flagrante cuando el discurso oficial condena tres décadas de desidia mientras la estructura administrativa se nutre de los mismos actores denunciados. Esta tensión se traduce en una relación con Vidal que, si bien se mantiene en carriles institucionales fluidos, no carece de disidencias profundas que incluso algunos comparan, con matices, con las fricciones vistas en la cúpula del gobierno nacional.

Por otro lado, el termómetro social ha comenzado a emitir señales de alerta que el oficialismo no puede ignorar tras el magro desempeño en las elecciones legislativas intermedias. El tercer lugar obtenido, con un exiguo 15% de los votos, es interpretado por Leguizamón no solo como una consecuencia de la polarización nacional entre el oficialismo central y la oposición, sino como un síntoma de descontento directo con la gestión provincial. Tras un 2024 dedicado al ordenamiento de las cuentas y la organización del Estado, el 2025 ha golpeado con la dureza de la falta de recursos, impactando áreas sensibles como salud y educación, lo que obliga al gobierno a recalibrar sus prioridades para recuperar la confianza de una ciudadanía que, según el vicegobernador, exigía un cambio más nítido.

Asimismo, la estrategia para oxigenar la gestión parece dividirse en dos frentes: la búsqueda de inversiones productivas liderada por el gobernador y una agenda de impacto social directo. En este último eje se inscribe la polémica pero ambiciosa iniciativa de traer el Ciclo Básico Común (CBC) de la UBA a la provincia, un proyecto que busca aliviar el bolsillo de las familias santacruceñas frente a la crisis económica. A pesar de los cuestionamientos sobre el financiamiento y la posible superposición con las universidades locales, la apuesta es clara: evitar el desarraigo temprano y el gasto que implica sostener a un estudiante en Buenos Aires antes de que éste concrete su ingreso efectivo a la carrera elegida.

Finalmente, el conflicto de poderes se traslada al ámbito judicial, donde el oficialismo defiende la necesidad de ampliar el Tribunal Superior de Justicia. Para Leguizamón, esta maniobra es un paso indispensable para romper lo que define como una justicia "cooptada", donde causas sensibles permanecen paralizadas por intereses partidarios. Esta batalla por el equilibrio judicial, sumada a la defensa de los fueros y derechos constitucionales en casos de alto perfil como el de Fernando Españón, configura un mapa político donde las formas institucionales y las urgencias de la gestión colisionan permanentemente, dejando a Santa Cruz en una transición que todavía busca su identidad definitiva lejos de las sombras de los últimos treinta años.