La legisladora santacruceña salió al cruce de las versiones que vinculaban la firma de un decreto de adjudicación de tierras con un beneficio discrecional de la actual administración provincial. Según explicó la funcionaria, la propiedad ubicada en el barrio Patagonia de la capital provincial forma parte de un loteo de setenta parcelas destinadas originalmente a trabajadores del Poder Judicial, proceso que se originó hace más de una década bajo la gestión de Daniel Peralta. Nieto detalló que su vinculación con el predio comenzó cuando todavía se desempeñaba como empleada del sector, mucho antes de su incursión en la vida política activa.

De acuerdo con lo que manifestó la diputada en declaraciones radiales, la situación de estas tierras fue producto de la expropiación de los terrenos pertenecientes a la familia Ercolano. En aquel entonces, la Subsecretaría de Planeamiento inició la entrega de parcelas a través de contratos de cesión de derechos para dar respuesta a una demanda habitacional de sectores que no calificaban para viviendas sociales ni para créditos bancarios tradicionales. La legisladora remarcó que durante años los vecinos del sector debieron hacerse cargo de las tareas de agrimensura, amojonamiento y el relleno de los terrenos para poder consolidar el barrio ante la falta de infraestructura estatal inicial.

Respecto a la demora en la formalización de la propiedad, la funcionaria atribuyó la dilación a una decisión política de la gestión anterior. Sostuvo que, a pesar de las reiteradas notas presentadas ante el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), los expedientes de los empleados judiciales fueron postergados de manera sistemática. Nieto puntualizó que esta situación de precariedad legal se extendió durante años, obligando a los habitantes a permanecer en el lugar bajo la figura de cesionarios, sin contar con el título que les permitiera, entre otras cosas, acceder a financiamiento para la construcción.

Sobre el decreto firmado el 29 de enero de 2026, la diputada aclaró que no se trata de una entrega gratuita ni de un privilegio por su actual cargo legislativo. El documento establece un monto superior a los 11 millones de pesos que deberá abonar al Estado provincial para completar la operación de compra. Admitió que su trámite final se rezagó respecto al de otros vecinos del mismo bloque debido a demoras personales en la presentación de la documentación requerida por el organismo de vivienda. No obstante, subrayó que la mayoría de sus excompañeros de trabajo ya cuentan con sus adjudicaciones resueltas tras el inicio de un plan general de regularización en los barrios San Benito y Patagonia.

Nieto también hizo hincapié en su condición de madre soltera y en el esfuerzo económico que implicó levantar su vivienda desde el año 2018. Desestimó las interpretaciones que sugieren un vínculo de favor con el actual gobernador y enmarcó su caso dentro de una política de ordenamiento administrativo que afecta a cientos de familias en situaciones similares. Para la legisladora, la difusión de su decreto de adjudicación ignora los antecedentes históricos del Barrio Judicial y el trayecto legal que los vecinos recorrieron durante los últimos catorce años para obtener la seguridad jurídica sobre sus hogares.

La normalización de estos predios busca cerrar un ciclo de irregularidad que persistía en la periferia de Río Gallegos. El cierre de esta etapa administrativa permite que los beneficiarios inicien el pago de sus lotes y regularicen su situación patrimonial frente al fisco. A pesar de las aclaraciones brindadas, el episodio reavivó el debate sobre la transparencia en la gestión de tierras públicas y los criterios de prioridad en los organismos de control de vivienda de la provincia.