La Jefatura de Policía provincial suspendió temporalmente a tres efectivos en Río Gallegos por supuestos disturbios institucionales, mientras los uniformados denuncian persecución interna ante sus peticiones salariales.

La disputa se originó tras una concentración frente a la Asociación Civil Policial. De acuerdo con lo que explicaron, la superioridad dispuso el aislamiento de Víctor Cortés, un oficial apellidado Chávez y la subsecretaria Saldivia. La medida implica una exclusión de 30 días y la retención del armamento reglamentario para dos de ellos, impidiéndoles además realizar servicios de seguridad adicionales.

Las autoridades fundamentan la decisión en una denuncia presentada por Galeano, quien acusó a los agentes de proferir agresiones e ingresar violentamente al edificio. Quienes defienden a los sancionados sostienen que los registros audiovisuales de esa jornada desmienten tales afirmaciones.

La controversia técnica radica en la aplicación del artículo 105 de la reglamentación interna. Dicho inciso busca aislar a los involucrados para evitar interferencias durante las averiguaciones. Sin embargo, los afectados señalan que los tres ostentan la misma jerarquía y prestan funciones en dependencias diferentes, por lo que perciben la decisión como una penalidad anticipada.

En lugar de iniciar una instancia de información sumaria previa, la cúpula ordenó un sumario administrativo directo. A esto se sumó un segundo castigo específico para Cortés, consistente en 20 días de arresto. Esta directiva se basó en un reporte de la oficial Sosa, quien indicó que el agente intentó incitar una huelga durante una visita al edificio de la banda institucional.

El trasfondo del conflicto exhibe las fricciones sobre los límites de la protesta dentro de la fuerza. Si bien las medidas de fuerza convencionales están restringidas, la recolección de avales para conformar el Consejo del Salario cuenta con respaldo en un decreto provincial vigente. "Somos quienes debemos hacer respetar la ley", detalló uno de los sancionados al cuestionar la postura de la conducción.

Las acciones de estos efectivos consistían en informar a sus pares sobre los mecanismos legales para proteger los ingresos del sector. Según relataron, estas interacciones con otros uniformados fueron tipificadas por los mandos superiores como actos de insubordinación.

Frente a las disposiciones de la jefatura, los agentes recurrieron al patrocinio del abogado Mario Monsalvo. Ya formalizaron recursos administrativos para refutar los partes elevados por los oficiales a cargo y exigen que se incorporen las grabaciones del día del conflicto.

Hubo contactos preliminares con un secretario del ámbito gubernamental, quien argumentó desconocer los alcances del decreto sobre representatividad salarial. Si la vía administrativa no prospera, el grupo evalúa instalar una carpa de protesta en las inmediaciones de la sede policial central para visibilizar sus demandas.

El avance de los expedientes internos definirá el futuro operativo de los agentes apartados. Por el momento, la dirección de la fuerza mantiene la exclusión preventiva, a la espera de que el área disciplinaria evalúe el material probatorio presentado por ambas partes.