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La administración nacional formalizó la actualización de los valores del servicio de gas natural a través de las resoluciones 371/2026 y 372/2026 publicadas en el Boletín Oficial. La medida, que alcanza a las distribuidoras de todo el país, se inscribe en un proceso de reordenamiento del sector energético que busca alinear los costos de producción con el precio abonado por los usuarios finales. De acuerdo con lo que explicaron las autoridades del Enargas, el nuevo esquema responde a la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema y cumplir con los compromisos de abastecimiento. El ajuste se fundamenta en la declaración de emergencia del sector y en la evolución de variables macroeconómicas que impactan directamente en los contratos de provisión de fluido.
El incremento que entrará en vigencia en abril combina tres factores técnicos distintos. En primer término, se traslada a la factura el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), derivado de los acuerdos del Plan Gas.Ar. Para el área de cobertura de Metrogas, ese valor de referencia se fijó en $191,45 por metro cúbico. Asimismo, se aplica una nueva cuota de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT). Este proceso técnico, diseñado para el período 2025-2030, contempla 31 incrementos mensuales y consecutivos. A esto se suma un sistema de ajuste periódico basado en índices de variación definidos por el ente regulador, lo que garantiza una actualización constante de los ingresos de las licenciatarias.
La incidencia de la medida en el bolsillo de los contribuyentes varía según el volumen de demanda y la ubicación geográfica. Para los usuarios residenciales que no cuentan con asistencia estatal en la Ciudad de Buenos Aires, el cargo fijo en la categoría más baja (R1) será de $3824. En tanto, para el mismo segmento en el conurbano bonaerense, el monto asciende a $4416. En el extremo opuesto de la escala, los clientes de mayor consumo (R4) enfrentarán cargos fijos que superan los $91.000 en el ámbito porteño. Respecto al cargo por metro cúbico consumido, los valores oscilan entre los $272 y los $400, dependiendo del nivel de demanda de cada hogar o comercio. En el interior del país, el impacto final quedará sujeto a los cuadros específicos de cada distribuidora regional.
A partir de la nueva normativa, las empresas deben implementar el Precio Anual Uniforme (PAU) como base de facturación. Sobre este valor se aplicarán las bonificaciones del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplaza el sistema de asistencia generalizada por uno orientado a la capacidad de pago de los grupos vulnerables. Según lo previsto en el decreto 943/25, los descuentos solo se calcularán sobre el costo promedio anualizado del fluido. Esto implica que quienes no califiquen para el esquema de asistencia deberán afrontar el pago de la tarifa plena. En los casos donde la vigencia de los nuevos cuadros coincida con una factura ya iniciada, las prestatarias deberán realizar un prorrateo proporcional para el cobro.
Este ajuste en el gas se suma a las subas registradas durante marzo en otras prestaciones básicas. Un hogar promedio en el Área Metropolitana de Buenos Aires necesitó el mes pasado aproximadamente $213.557 para cubrir su canasta de servicios públicos, donde la electricidad y el agua representaron gran parte del desembolso. La proyección oficial sostiene que esta readecuación tarifaria permitirá una reducción gradual de las transferencias del Tesoro hacia las empresas del sector. No obstante, el impacto real en la economía familiar dependerá de la evolución estacional del consumo frente a los próximos meses de bajas temperaturas e incertidumbre sobre la inflación sectorial.
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