La madre de la víctima, Sandra Carrasco, sostiene que Lisset —de 18 años— fue hallada muerta por un disparo en la cabeza tras una discusión con su pareja, el policía Gonzalo Nicolás Márquez, y que desde entonces la causa quedó marcada por omisiones y traslados de personal policial que, según la familia, dificultaron la investigación.

La familia relata que la escena fue manipulada en las primeras horas, que no se perició el vehículo de la pareja y que el teléfono de la víctima fue entregado con datos borrados o encriptados. También señalan que el oficial que intervino en el lugar difundió la hipótesis de suicidio y que el sospechado fue trasladado sin quedar incomunicado ni detenido, lo que, a juicio de los querellantes, facilitó la pérdida de pruebas.

Entre los elementos que la familia presentó al juzgado figura un guante hallado en el auto, que según las pericias contenía residuos de pólvora compatibles con el arma reglamentaria del policía señalado; en cambio, en las manos de la víctima no se detectó pólvora. Testigos y registros de movimientos en la madrugada también fueron mencionados por la querella como indicios que requieren una pericia más exhaustiva.

A siete años del hecho, la familia afirma que el acusado no fue indagado y continúa en funciones en la provincia, lo que alimenta la percepción de encubrimiento y la demanda de intervención del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. La querella reclama que se revisen la carátula inicial y las pericias omitidas para reorientar la investigación.

Las fuentes consultadas piden que se completen pericias pendientes —especialmente sobre la cadena de custodia del teléfono y el análisis forense del guante y del vehículo— y que el juzgado cite a indagatoria a los involucrados. La familia espera que la reactivación de testimonios permita avanzar hacia una resolución judicial que aclare responsabilidades y dé respuesta al reclamo de justicia.