El procedimiento, motivado por denuncias sobre incendios y manejos deficientes, buscó encuadrar el funcionamiento del sitio dentro de los parámetros legales actuales. La inspección contó con la participación de la Dirección de Gestión Integral de Residuos, el Ministerio de Trabajo y personal policial, en sintonía con las directivas de gestión ambiental de la gobernación de Claudio Vidal.

Durante la supervisión, los técnicos estatales observaron prácticas que contradicen las leyes ambientales de la provincia. De acuerdo con lo que explicaron fuentes oficiales, se detectaron focos de combustión al aire libre y un tratamiento de desechos que se aleja de los protocolos autorizados. La directora de Gestión Integral de Residuos, Silvia Andrade, explicó que las tareas se centraron en ejercer el rol de fiscalización estatal para revisar el estado de la planta y la situación laboral en el predio.

El marco regulatorio vigente prohíbe el mantenimiento de basurales a cielo abierto cuando existen alternativas superadoras. En este caso, las autoridades recordaron que el distrito cuenta con un relleno sanitario formalmente inaugurado en 2022. Por esta razón, el eje de la intervención administrativa es garantizar que la totalidad de los residuos urbanos se derive a dicha infraestructura técnica para su disposición final.

El diagnóstico oficial señala una situación de vulnerabilidad para la población circundante y los ecosistemas locales. La acumulación de basura sin tratamiento adecuado genera la emanación de lixiviados y gases que afectan la calidad del aire y el suelo. Valeria Caram, responsable de Control y Monitoreo Ambiental, señaló que la erradicación del sitio actual es un imperativo legal debido a la cercanía de las celdas de basura con los núcleos habitacionales y las reservas naturales.

Las autoridades advirtieron que los incendios recurrentes, en algunos casos derivados de la actividad informal dentro del predio, complican la seguridad de la zona. A esto se suma la falta de un cerramiento perimetral eficiente que impida el acceso no controlado y la dispersión de materiales livianos por acción del viento, un factor crítico en la geografía patagónica.

Tras la inspección, la Dirección de Ordenamiento Ambiental inició el proceso de instrucción administrativa. Según indicó la directora Johana Águila, el siguiente paso consiste en la elaboración de actas detalladas que describan las fallas halladas. A partir de esta documentación, se otorgará un tiempo determinado al municipio para que presente su descargo y ejecute un plan de adecuación inmediata a las normas de seguridad.

Por otra parte, la gestión provincial subrayó que la solución requiere un compromiso social respecto a la separación en origen. Se estima que la colaboración ciudadana en la clasificación domiciliaria es necesaria para prolongar la vida útil de las nuevas instalaciones y facilitar las tareas de recuperación de materiales reciclables.

Para el Poder Ejecutivo provincial, la continuidad del vaciadero en sus condiciones actuales representa una infracción que debe subsanarse con el cierre definitivo del basural. No obstante, el éxito de la medida dependerá de la celeridad con la que el gobierno local logre operativizar el traslado total de sus servicios hacia el predio de disposición final habilitado hace cuatro años.