El Tribunal de Morón condenó el 22 de abril a 20 años de prisión a un recluso que abusó sexualmente de una menor mediante extorsión y plataformas digitales. La sentencia introduce un parámetro inédito en el ámbito judicial bonaerense al dictaminar que la acción de acceso carnal se cristaliza mediante el doblegamiento de la voluntad, sin requerir la presencia física en el mismo espacio. Este enfoque apunta a actualizar los criterios legales frente a los entornos cibernéticos.

Los expedientes detallan que la agresión abarcó el período comprendido entre principios de 2020 y los primeros meses de 2023. Orlando Tristán Novillo inició el contacto cuando la damnificada residía en el partido de Morón, a sus 12 años. Al momento de los hechos, el imputado ya purgaba una sanción previa en el penal de Florencio Varela por conductas delictivas similares registradas en años anteriores y fue calificado judicialmente como reincidente.

El texto de la condena especifica el circuito coercitivo donde el victimario gestionaba múltiples números telefónicos y usuarios ficticios. Tras establecer un vínculo inicial fingiendo ser adolescente, alteró el trato hacia exigencias directas y ultimátums. Según sostuvieron fuentes judiciales al tanto de la investigación probatoria, se generó un escenario de subordinación total utilizando el terror a la exposición pública. La joven debía conectarse a videollamadas y ejecutar órdenes sobre sí misma bajo la presión del chantaje virtual constante, lo que el tribunal tipificó como un cautiverio psicológico.

Por otra parte, la explotación abarcó el flanco financiero familiar. La instrucción probó que el individuo demandaba el envío de capturas fotográficas de más de cuarenta plásticos de crédito y débito pertenecientes a los progenitores. Esos datos sirvieron para abonar servicios y efectuar compras en diversas aplicaciones y comercios. Además, el reo exigió transferencias de fondos hacia distintas billeteras virtuales, generando un desfalco calculado por los magistrados en 350.000 pesos.

El Tribunal en lo Criminal Nº 4 ponderó la trazabilidad de las conexiones para dictar el veredicto. Los jueces Carlos Roberto Torti, Rodolfo Castañares y Verónica Vanesa Gerez integraron los metadatos de las prestadoras de internet con los hallazgos en la celda. El allanamiento de febrero de 2024 reveló un dispositivo oculto con más de 134.000 archivos, incluyendo material de explotación que involucraba a menores de 13 años y registros contables de las estafas. A su vez, valoraron la declaración en Cámara Gesell y las pericias psicológicas que acreditaron un traumatismo severo en la adolescente.

El fallo dispuso la destrucción de los aparatos tecnológicos utilizados e inició el trámite formal para unificar esta sanción con las condenas previas que arrastra el victimario. En el ámbito judicial, se proyecta que esta resolución funcionará como antecedente directo para futuras instrucciones sobre criminalidad informática, a la espera de que los tribunales de alzada evalúen el criterio de acceso carnal digital aplicado por los jueces de primera instancia.