La decisión del directorio de la Caja de equiparar el régimen bancario al de la Administración Pública Central se tomó tras la derogación de un decreto previo que garantizaba el cobro bajo el convenio bancario. Según las fuentes, la medida responde a la ausencia de aportantes activos del régimen bancario y a una interpretación administrativa de la normativa previsional. Representantes de los jubilados y sindicalistas cuestionaron el procedimiento y anunciaron acciones legales.

La Caja convierte los haberes en módulos que se multiplican por el sueldo actual del jubilado, lo que implica que la movilidad quedará atada a los aumentos de la administración central. Aunque se aclaró que el sueldo no se reduce, el cambio afecta la frecuencia de las actualizaciones: los bancarios recibían incrementos casi mensuales, mientras que la administración central mantiene salarios congelados desde hace meses.

La resolución se formalizó tras un decreto del gobernador que derogó la norma de 2008 que había asegurado el cobro como bancarios. En el directorio hubo disidencias: dos vocales electos no acompañaron la decisión, mientras la mayoría ejecutiva aprobó la equiparación. Los representantes sindicales reclamaron la apertura de mesas técnicas que, según relataron, fueron prometidas en diciembre y nunca se concretaron. El régimen afecta a 440 jubilados y pensionados del Banco Santa Cruz.

El cambio implica tanto la pérdida del vínculo con el régimen bancario como una potencial reducción relativa de ingresos si la administración central no actualiza salarios con la misma frecuencia que el convenio bancario. Los jubilados anunciaron la judicialización del caso y la movilización dentro del frente gremial provincial. Desde la Caja se sostiene que la medida se ajusta a la ley cuando un régimen carece de aportantes.

Fuentes del directorio relataron que la derogación del decreto anterior se gestionó desde la Casa de Gobierno y que la resolución aún no figura en el boletín oficial. Quedan por definir la reglamentación detallada de la liquidación de haberes, el calendario de actualizaciones y la respuesta administrativa a las presentaciones judiciales anunciadas.

En síntesis, la liquidación del 24 será la primera prueba práctica del cambio. Las autoridades de la Caja y los representantes de los jubilados mantienen posiciones contrapuestas sobre la legalidad y la forma del procedimiento; por ahora, la incertidumbre se concentra en el impacto económico real sobre los 440 beneficiarios y en la resolución de las presentaciones que ya se están preparando.

Viviana Carabajal - Griselda Fabregat