El conflicto se originó con la sanción en agosto de 2025 de una ley provincial que amplió la integración del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de cinco a nueve miembros. De acuerdo con los textos provistos, "El gobierno de Santa Cruz, a cargo de Claudio Vidal, recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante la parálisis del Poder Judicial provincial". El objetivo declarado del Ejecutivo provincial es restablecer la operatividad del TSJ y garantizar la aplicación de las decisiones de la Legislatura.

La reforma provocó una fractura interna: un sector del TSJ, identificado con magistrados vinculados al kirchnerismo, declaró la inconstitucionalidad de la norma y bloqueó la asunción plena de los nuevos vocales. En paralelo, los magistrados designados bajo la nueva ley impulsaron recursos para revertir esa decisión. Según los materiales aportados, "La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este jueves una recusación presentada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz", y ordenó la remisión del expediente principal para evaluar el fondo del litigio.

La Corte Suprema debe determinar si la ampliación del TSJ se ajusta a la Constitución y si los actos internos del tribunal provincial excedieron sus competencias al intentar anular la ley. El máximo tribunal solicitó la remisión inmediata de la sentencia de diciembre de 2025, los incidentes cautelares y las actas de juramento de los nuevos integrantes, lo que indica que el análisis incluirá tanto la validez formal del procedimiento como la eventual afectación de la estructura judicial.

La Corte rechazó la recusación por extemporánea y subrayó que los mecanismos de apartamiento de jueces requieren causales taxativas y fundamentación estricta. Con la documentación en sus manos, el tribunal nacional iniciará un examen técnico que puede concluir en la validación de la reforma, su anulación o la orden de retrotraer actos administrativos según corresponda. El requerimiento de expedientes apunta a despejar obstáculos procesales y avanzar sobre el fondo.

La disputa afecta la administración de justicia y la gobernabilidad provincial: los nuevos vocales denunciaron impedimentos administrativos y retenciones salariales; la presidencia del TSJ quedó en manos de magistrados que resisten la ampliación. Para el Ejecutivo, la intervención de la Corte es la vía para normalizar funciones y avanzar en causas pendientes; para los jueces que objetan la reforma, la defensa se apoya en cuestionamientos formales sobre plazos y presupuesto.

La resolución de la Corte definirá si la estructura del máximo tribunal provincial se mantiene o se modifica. Las partes esperan un pronunciamiento técnico que dirima la constitucionalidad de la ley y determine las consecuencias administrativas y procesales que deberán aplicarse en Santa Cruz.