El proyecto fue presentado en la Legislatura de Santa Cruz con el objetivo de proteger empresas públicas frente a procesos de privatización o semiprivatización. El legislador explicó que la iniciativa busca establecer un cortafuegos ante cualquier intento de transferencia de estas entidades, consideradas patrimonio de la provincia. La propuesta fija además una regla de mayorías agravadas para cambios estructurales: toda iniciativa de privatización requerirá dos tercios de la Cámara de Diputados.

Según lo expuesto, el artículo 2 del anteproyecto establece la titularidad estatal irrenunciable e intransferible del 100% de los servicios públicos señalados, mientras que el artículo 3 condiciona cualquier privatización a la aprobación por dos tercios de la Cámara. El legislador defendió la combinación como una solución técnica para articular intención política y mecanismo legislativo, y describió la elección de mayoría agravada como una práctica usada en casos especiales de la provincia.

Daniel Peralta, autor de la iniciativa señaló que el proyecto debe pasar por comisiones para su estudio técnico y estadístico, y que allí se convocarán representantes sindicales y autoridades de las empresas para aportar datos sobre tarifas, pérdidas y estructura operativa. El legislador remarcó que las comisiones deberán evaluar la base de la supuesta pérdida económica que se atribuye a los servicios públicos antes de avanzar.

El texto plantean efectos concretos: la norma, de aprobarse, limitaría la capacidad del Ejecutivo provincial de disponer de activos sin consenso legislativo amplio; al mismo tiempo, obligaría a que sindicatos y usuarios participen en el debate técnico. El ex gobernador, mencionó la necesidad de convocar a delegados y a sindicatos como Fentos para que expongan su posición en comisiones.

La iniciativa llega en un contexto de fracturas internas en la coalición gobernante y de audios públicos que reavivaron el debate sobre privatizaciones y denuncias de corrupción en servicios públicos. El legislador propuso que, además del análisis técnico, las comisiones pidan informes y auditorías para clarificar eventuales denuncias antes de cualquier decisión política.

El proyecto busca institucionalizar un mecanismo legal para impedir cambios unilaterales en empresas públicas y exige consenso legislativo amplio para cualquier privatización. Las comisiones deberán definir plazos, criterios técnicos y convocatorias; por ahora, la iniciativa abre un proceso de debate técnico y político que aún no tiene cronograma ni dictamen final.