En un operativo realizado por personal de la División Investigaciones de Río Gallegos, se secuestró un chaleco antibalas que era ofrecido a la venta a través de redes sociales. Al inspeccionar el equipo, los agentes constataron además que presentaba anomalías en su numeración identificatoria.

La detección se originó en tareas de monitoreo digital sobre publicaciones en grupos abiertos, donde se identificó la oferta del elemento con características similares a las utilizadas por la fuerza policial. A partir de esa publicación, los investigadores localizaron al poseedor y procedieron a la intervención.

Tras el secuestro, el caso quedó a cargo del Juzgado de Instrucción de turno, que ordenó la custodia del chaleco y la toma de declaración testimonial al involucrado. La persona quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza en la pesquisa para determinar el origen del material y si existen vínculos con otras comercializaciones.

La numeración identificatoria en equipos policiales funciona como mecanismo de trazabilidad para controlar distribución y mantenimiento. Cuando esa referencia presenta inconsistencias —faltantes, alteraciones o duplicados—, complica la verificación de la cadena de custodia y sugiere que el elemento pudo haber salido de los canales formales. Por caso, la constatación de anomalías obliga a peritajes técnicos que comparen el chaleco con registros de inventario y con bases de datos de la fuerza, además de evaluar si el equipo fue modificado para ocultar su origen.

El hallazgo plantea interrogantes sobre la circulación de material policial en plataformas digitales y sobre los controles internos de los organismos encargados del equipamiento. Todavía no está definido si el caso responde a un robo, a una pérdida administrativa o a una comercialización irregular por parte de personal con acceso a stock institucional.

Las autoridades locales informaron que la investigación continuará para identificar eventuales responsables y posibles redes de comercialización. También señalaron que se revisarán protocolos de custodia y registro de equipos.

La causa avanza con medidas judiciales y peritajes técnicos que buscarán establecer la procedencia del chaleco y la existencia de eventuales vínculos con otros hechos. Mientras tanto, la intervención judicial y el secuestro del elemento constituyen los pasos iniciales para esclarecer si se trató de material sustraído o de una irregularidad administrativa.