El gobernador Claudio Vidal firmó un acuerdo con operadoras en Río Gallegos el 8 de abril para incentivar inversiones, bajar regalías y acelerar la recuperación de pozos inactivos mediante un esquema provincial.

El acto reunió al gobernador Claudio Vidal, al jefe de Gabinete Pedro Luxen, al ministro de Energía Jaime Álvarez, a la ministra de Gobierno María Elmiger y a la ministra de la Producción Nadia Ricci.

El acuerdo busca recuperar niveles de actividad, levantar equipos, promover nuevas inversiones y generar condiciones para el sostenimiento y la creación de puestos de trabajo.

El Gobierno provincial presenta el convenio como la culminación de una ronda de reuniones con CEOs petroleros y lo enmarca como una herramienta para dar previsibilidad al sector. Según la administración, la iniciativa incluye una reducción de las regalías —mencionada por autoridades como incentivo central— y un cronograma de implementación que comenzará a regir desde el 1 de mayo.

Según el ministro de Energía, la medida responde a la salida de YPF de áreas convencionales y a la necesidad de atraer nuevos concesionarios mediante licitaciones públicas; además, el plan incorpora relevamientos y remediación de pasivos ambientales que, según el Ejecutivo, generarán empleo local en tareas de reparación y mantenimiento.

Representantes de operadoras que asumirán áreas en la provincia valoraron la baja de regalías como incentivo y subrayaron la necesidad de introducir innovaciones tecnológicas y metodológicas para mejorar la eficiencia en campos maduros. Voces empresarias destacaron la oportunidad de inversión que abre la reasignación de áreas y se comprometieron a responder con inversiones y cambios operativos.

El Gobierno también enfatiza la prioridad de contratar mano de obra local y comprar insumos en comercios de la provincia para maximizar el impacto económico regional; las autoridades sostienen que un aumento de la producción tendrá efectos multiplicadores en el comercio y los servicios de las localidades afectadas.

El cierre político del acuerdo fue interpretado por el Ejecutivo como una señal de responsabilidad empresarial y voluntad de diálogo, con la presencia de directivos de todas las operadoras que operan en Santa Cruz; el Gobierno pidió a las empresas honrar los compromisos asumidos para consolidar la reactivación.

El plan define incentivos y un inicio de vigencia, pero quedan por resolver detalles normativos y la formalización legislativa de algunas herramientas fiscales; fuentes oficiales confirman el calendario de adjudicaciones y la puesta en marcha de medidas ambientales, mientras que la magnitud del impacto en empleo y producción dependerá de la ejecución efectiva de inversiones y de la respuesta operativa de las empresas.