El hecho se originó en las inmediaciones de un supermercado ubicado en la calle España, aproximadamente a las 10:00. Según el relato del afectado, mientras ejercía su actividad comercial, mantuvo un entredicho verbal con un grupo de personas presentes en la zona. Tras este episodio, el trabajador optó por trasladarse hacia una sucursal del Banco Santa Cruz con el fin de descansar, momento en el cual fue interceptado por una unidad móvil de la fuerza de seguridad provincial.

De acuerdo con lo que explicaron fuentes cercanas al caso, la intervención policial derivó en una detención inmediata. El denunciante sostuvo que los agentes procedieron a inmovilizarlo sin brindar explicaciones sobre los motivos del procedimiento ni aportar datos sobre sus identidades o rangos jerárquicos.

En su presentación ante las autoridades, Echeverria afirmó que los uniformados lo sometieron a maltratos físicos mientras se encontraba bajo su custodia. El joven relató que los efectivos comenzaron a golpearlo durante el traslado. El resultado de estas agresiones fue constatado mediante asistencia médica, la cual confirmó que el hombre padece una fisura en el pómulo derecho.

Además de las lesiones, la denuncia incluye la desaparición de elementos de valor. El trabajador señaló que, durante el operativo, le fue sustraído el dinero en efectivo obtenido por sus ventas diarias. Asimismo, reportó el robo de objetos de uso personal, específicamente aros y un anillo de oro, que portaba al momento de ser abordado por la patrulla.

La causa fue radicada formalmente tanto en la Fiscalía como en la sede policial correspondiente. Sin embargo, el denunciante remarcó la ausencia de avances en la investigación o de comunicaciones oficiales por parte de los organismos de control. Hasta la fecha, no se han reportado medidas disciplinarias ni pedidos de disculpas institucionales hacia el afectado por parte de la fuerza de seguridad santacruceña.

Esta situación generó un impacto directo en la capacidad laboral de Echeverria, quien manifestó dificultades para retomar sus tareas en el sector céntrico de la capital provincial. El temor a represalias por parte de los integrantes de la fuerza pública condiciona su retorno a la actividad. El vendedor sostuvo que su percepción de inseguridad se vincula ahora directamente con quienes deberían ejercer la protección ciudadana.

El caso se suma a una serie de cuestionamientos previos sobre el comportamiento de los efectivos en la vía pública, lo que incrementó la desconfianza ciudadana hacia la policía. La falta de una respuesta inmediata por parte de las autoridades competentes alimenta la incertidumbre sobre los protocolos de actuación vigentes. La comunidad aguarda ahora que la Justicia determine las responsabilidades materiales de los oficiales involucrados en el procedimiento.