En los últimos años se detectaron expedientes en los que informes psicológicos con observaciones repetidas sostuvieron medidas cautelares que impidieron la revinculación entre progenitores e hijos. La investigación identificó formularios prearmados firmados por profesionales vinculados a una asociación del sur de Rosario, y al menos seis informes prácticamente idénticos fueron presentados en distintas causas.

"La demanda penal presentada contra tres psicólogas por asociación ilícita, corrupción de menores y falso testimonio agravado es de septiembre de 2025."

 "El principio de inocencia, la defensa en juicio, la igualdad ante la ley y la correcta aplicación de la carga de la prueba son derechos fundamentales que se ven vulnerados por denuncias ligadas al ámbito intrafamiliar." 

Los peritajes y las conversaciones entre letrados permitieron reconstruir un patrón: formularios estandarizados completados con frases y observaciones repetidas que luego se incorporaron a expedientes judiciales. Por caso, en varias causas las medidas cautelares se mantuvieron sin revisión efectiva durante años, lo que prolongó la separación entre padres e hijos.

Las fuentes consultadas señalan que la fiscalía y los tribunales locales actuaron en distintos grados de diligencia. En algunos expedientes, la intervención de la fiscal o la demora en la revisión de las pruebas terminó condicionando el resultado procesal: hubo absoluciones y sobreseimientos posteriores, pero no siempre restitución de vínculos. La falta de controles sobre la calidad de los informes y la ausencia de plazos perentorios para revisar medidas cautelares fueron factores recurrentes.

Las consecuencias son concretas: padres privados del contacto con sus hijos durante años, procesos civiles y penales abiertos y recursos estatales destinados a causas que luego se desestimaron. Por ejemplo, un médico estuvo separado de su hija por más de cinco años hasta ser absuelto; otro hombre recuperó la libertad tras siete años de litigio. Estos casos ilustran cómo la prolongación de medidas cautelares puede transformar una acusación en una pena de hecho.

Recientemente la Comisión de Justicia produjo un dictamen que propone aumentar las penas por denuncias falsas en contextos de violencia de género y abuso sexual a menores, elevándolas de 3 a 6 años. Quienes impulsan la iniciativa argumentan que las sanciones actuales son insuficientes y que el sistema requiere mecanismos para evitar el uso indebido de recursos públicos en causas sin sustento.

El problema combina prácticas profesionales cuestionables y fallas procesales que permiten la prolongación de medidas cautelares. El desafío inmediato es definir controles técnicos sobre peritajes, plazos para revisar cautelares y mecanismos de reparación para quienes fueron separados de sus hijos, sin afectar el acceso de las víctimas reales a la justicia.