El quórum justo de 129 legisladores permitió abrir la sesión parlamentaria en Buenos Aires para debatir la readecuación tarifaria impulsada por el Poder Ejecutivo. La iniciativa obtuvo 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones. El propósito de la administración central consiste en dar marcha atrás con la ampliación del sistema sancionada en 2021 mediante la Ley 27.637 —impulsada en su momento por el sector de Máximo Kirchner—, para restringir las compensaciones fiscales a las áreas con necesidades climáticas críticas y consolidar las metas presupuestarias de la gestión nacional.

La justificación técnica de la reforma radica en la eliminación de la asistencia universal en distritos de clima templado. Sostuvieron las autoridades nacionales que, de los 4,3 millones de usuarios residenciales que actualmente perciben el beneficio en todo el país, aproximadamente 1,6 millones perderán la cobertura automática. Según estimaciones de la Secretaría de Energía, el restablecimiento del esquema geográfico original representará un ahorro fiscal proyectado en $272.099 millones, concentrando los recursos estatales exclusivamente en la población con mayor vulnerabilidad socioeconómica.

El mecanismo específico aprobado suprime el descuento automático para las zonas bioambientales intermedias incorporadas hace cinco años. A partir de ahora, el subsidio al gas quedará circunscripto en esos distritos únicamente a los hogares registrados en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto 943/2025.

El tope de ingresos familiares para conservar una rebaja del 30% se fijó en tres canastas básicas totales del INDEC, una cifra que actualmente representa cerca de 4,4 millones de pesos mensuales para un hogar tipo 2. Asimismo, mantendrán el beneficio de forma directa los titulares del Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP y los beneficiarios de la Pensión Vitalicia a Veteranos de Malvinas. En lo concerniente a las personas con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), el texto estipula que su inclusión definitiva quedará supeditada a las auditorías y evaluaciones de la autoridad energética.

El proyecto introduce un cambio estructural en la facturación de las regiones que conservan el beneficio pleno, las cuales comprenden a toda la Patagonia, la Puna y el departamento de Malargüe en Mendoza. En estas provincias continuarán los descuentos por redes de gas natural y propano, pero la rebaja dejará de aplicarse sobre el costo total del comprobante.

La normativa prohíbe taxativamente la inclusión de tributos de orden local o cargos ajenos al servicio esencial, con la única excepción del alumbrado público. "El porcentaje de subsidio se mantiene intacto pero se termina con la avivada de los gobernadores", en referencia a las tasas provinciales adosadas a las boletas. Debido a que el cálculo del subsidio se efectuará estrictamente sobre el ítem de consumo neto, la oposición advierte repercusiones en el sur productivo. El diputado neuquino Pablo Todero afirmó que el valor real de las facturas registrará incrementos de entre el 40% y el 60% en la región austral debido a la reducción de la base de cálculo.

Llas consecuencias directas de la eliminación del criterio geográfico generalizado abarcarán a más de cien municipios distribuidos en 15 provincias. El informe de la dependencia energética detalla que perderán el beneficio automático 55 departamentos en Buenos Aires —afectando a ciudades como Mar del Plata y Tandil—, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 11 en San Juan, y 8 departamentos tanto en Santa Fe como en San Luis, extendiéndose la quita a zonas de Mendoza, Cuyo y el Noroeste Argentino.

Ante el descontento de mandatarios provinciales como el cordobés Martín Llaryora, quien expuso que la medida alcanza a 688 mil hogares en su jurisdicción, la Casa Rosada desplegó negociaciones previas. Para consolidar el respaldo legislativo de bloques aliados y gobernadores del norte, el Ministerio de Economía ofreció compensaciones estacionales consistentes en elevar los bloques de consumo eléctrico subsidiado para las provincias de zonas cálidas como Misiones, Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca durante el período estival.

Para el Poder Ejecutivo, la sanción de este proyecto en la Cámara baja representa un paso fundamental para avanzar hacia la focalización de los recursos públicos implementada de forma gradual desde 2025. En los despachos parlamentarios se reconoce la incertidumbre respecto del curso que tomará la iniciativa en el Senado, donde la representación directa de los gobernadores patagónicos y de las provincias mediterráneas anticipa un debate técnico riguroso en torno al costo final de los servicios de calefacción para el invierno de 2026.