El trabajo, elaborado por la economista Laura Caullo, compara la estructura ocupacional de los distritos y revela asimetrías profundas. La media del país es de 50 agentes provinciales cada 1.000 habitantes, pero las brechas van desde los 33 de Córdoba hasta los 141 de Tierra del Fuego. Detrás de esa provincia se sitúan La Rioja y Neuquén, ambas con 111, y luego Santa Cruz, con 109. En el otro extremo, además de Córdoba, aparecen Buenos Aires (38), Santa Fe (41) y Mendoza (45).

“En buena parte del país, el empleo estatal continúa teniendo un peso central dentro de la estructura ocupacional provincial, especialmente en jurisdicciones con menor densidad de empleo privado formal”, señala Caullo en el documento. La autora subraya que esas diferencias no son apenas estadísticas: reflejan distintos niveles de productividad, desarrollo empresarial y capacidad de generar trabajo registrado en el sector privado.

El informe también analiza la cantidad de asalariados privados registrados cada 1.000 habitantes. El promedio nacional es de 144, pero otra vez la dispersión es extrema. La Ciudad de Buenos Aires lidera con 519 –aunque la propia investigación aclara que alrededor de medio millón de esos trabajadores residen en el conurbano–, seguida por Neuquén (219) y Tierra del Fuego (198). Las cifras más bajas corresponden a Formosa (37), Santiago del Estero (52) y Chaco (64). El Ieral no detalla el guarismo de Santa Cruz, pero el estudio remarca que las jurisdicciones con mayor dependencia del empleo público suelen coincidir con menor densidad de empleo privado formal, un patrón en el que la provincia se encuadra.

El relevamiento se conoce mientras el Gobierno nacional profundiza la reducción del Estado. Desde la asunción de Javier Milei, más de 66.000 personas dejaron de trabajar para el sector público nacional, las provincias y los municipios, incluidas las empresas estatales. Durante el último año el empleo asalariado privado registrado perdió cerca de 100.000 puestos, al tiempo que crecieron modalidades más frágiles como el monotributo, con más de 90.000 nuevas inscripciones.

La economista advierte que la recuperación económica en curso no logra trasladarse a la generación masiva de empleo formal. Los sectores que traccionan la actividad –minería, energía, agroindustria y exportaciones– concentran apenas el 3% del empleo total y el 7% del empleo asalariado privado registrado. “Esos sectores, aunque dinámicos en inversión y exportaciones, no tienen capacidad suficiente para absorber empleo masivo”, indica el informe, una observación que alcanza a Santa Cruz, donde la minería y los hidrocarburos motorizan inversiones pero no modifican la matriz laboral dependiente del Estado.

Para Caullo, la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria pero insuficiente. El informe concluye que el verdadero reto es que ese ordenamiento se traduzca en más empleo privado formal, mejores ingresos y un dinamismo productivo real. En ese esquema, las provincias con alta participación del empleo público, como Santa Cruz, quedan expuestas a un doble desafío: achicar la dependencia estatal sin que el sector privado haya generado todavía una demanda de trabajo capaz de absorber esa oferta.