El gobierno provincial, a través del Consejo Provincial de Educación (CPE), impulsa una reorganización administrativa que modifica las condiciones de las licencias sindicales y la ubicación de personal docente y no docente. La medida busca orientar los recursos estatales hacia el fortalecimiento de las instituciones educativas y el acompañamiento de las trayectorias escolares.

Desde el CPE indicaron que las licencias gremiales continuarán otorgándose de acuerdo con lo establecido por la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, pero perderán el goce de sueldo. Hasta ahora, los representantes sindicales podían solicitar estas licencias con salario pago mientras cumplían tareas gremiales. La decisión apunta a redirigir esa partida presupuestaria hacia la atención directa de los estudiantes.

La disposición alcanza a los delegados de los gremios docentes ADOSAC (Asociación Docentes de Santa Cruz) y AMET (Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica). Según explicaron las autoridades del CPE, “los recursos deben estar destinados al fortalecimiento de las escuelas”, por lo que se elimina el pago de salarios a quienes se desempeñen en funciones sindicales sin contacto con alumnos.

Además del ajuste en las licencias, el CPE dispuso la revisión de las “afectaciones de personal” actuales: aquellos empleados que no estén cumpliendo tareas vinculadas a la atención directa de alumnos serán reubicados. El objetivo, señalaron desde el organismo, es consolidar la presencia de trabajadores dentro de las escuelas y optimizar el funcionamiento integral del sistema educativo provincial.

La medida se enmarca en una política más amplia de resguardo de las fuentes laborales. El CPE recordó que ya se había decidido mantener los cargos docentes hasta febrero de 2027. De esta forma, la reorganización busca equilibrar la estabilidad del empleo con una asignación más eficiente del personal en las aulas.

Para el Consejo Provincial de Educación, esta reorganización apunta a fortalecer la educación pública y garantizar que los recursos del sistema se destinen prioritariamente a las instituciones escolares. La medida rige desde su anuncio y abarca tanto a representantes sindicales como a personal en funciones administrativas sin contacto pedagógico directo.