El extenso conflicto que mantiene en vilo a la seguridad provincial entró en una nueva etapa. Luego de que la octava reunión paritaria del pasado viernes terminara sin consenso tras evaluarse 15 propuestas diferentes, el Ejecutivo provincial dio por agotada la instancia de negociación. El ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, confirmó el domingo que la recomposición salarial para el personal policial y penitenciario se implementará de forma directa a través de una resolución ministerial.

Con la firma del instrumento legal, el sueldo inicial de un agente pasará de $1.115.187 a $1.746.634, mientras que en la máxima jerarquía, un comisario general percibirá $3.982.451 frente a los $3.295.893 que cobraba actualmente. Desde la cartera de Seguridad señalaron que estos valores posicionan a las fuerzas locales entre las tres mejor pagas del país, aunque la decisión clausuró de forma unilateral el debate paritario.

El impacto de un mes de protestas se hace sentir en las dependencias de toda la provincia. El jefe de la Policía de Santa Cruz, comisario general Diego Agüero, reconoció este lunes que la fuerza trabaja bajo un esquema de "servicio mínimo posible". La falta de personal subalterno obligó a reorganizar las tareas de calle, las cuales son asumidas actualmente por comisarios mayores, inspectores y jefes de comisarías, quienes debieron cubrir funciones operativas básicas.

Agüero advirtió que la tolerancia institucional finalizó con el cierre de la mesa salarial. El jefe policial aclaró que, una vez formalizado el decreto gubernamental, se iniciarán las actuaciones administrativas correspondientes contra los efectivos autoconvocados que no retomen sus puestos uniformados. "Si tenemos que hacer una denuncia a nivel judicial, también la haremos", enfatizó, al tiempo que rechazó los argumentos de los huelguistas y les atribuyó la responsabilidad directa por las deficiencias en la prevención del delito, el traslado de detenidos y la atención en las comisarías.

La última sesión del Consejo del Salario, desarrollada en la Escuela de Policía "Comisario Inspector Eduardo V. Taret", expuso las marcadas diferencias entre los distintos sectores. Mientras el Centro de Retirados y Pensionados consideró conveniente la primera alternativa oficial —que suprimía adicionales no remunerativos a cambio de una suba progresiva del valor punto y un ítem compensador—, la Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria e integrantes de la Asociación Civil Policial rechazaron la oferta por considerarla insuficiente. Durante la tensa jornada se registraron daños materiales que derivaron en una denuncia penal por la rotura de cristales en el establecimiento educativo.

Ante la persistencia de las medidas de fuerza de un sector de los autoconvocados, el Ministerio de Seguridad ratificó el endurecimiento de las condiciones laborales. Bajo la premisa de "día que no se trabaja, día que no se paga", se aplicarán descuentos directos por presentismo sobre las liquidaciones de haberes. En contrapartida, las autoridades confirmaron un incentivo económico destinado exclusivamente al personal que continuó prestando servicios regulares durante todo el periodo de conflicto.

La discusión salarial quedó formalmente cerrada en el ámbito administrativo y el Gobierno provincial se concentra ahora en la aplicación del nuevo esquema de haberes. Las próximas horas serán claves para medir el nivel de acatamiento a la orden de servicio y la efectividad de las sanciones anunciadas por la Jefatura para normalizar la seguridad pública en el territorio santacruceño.