La convocatoria, formalizada por la Presidencia del cuerpo legislativo tras un pedido del bloque Por Santa Cruz, se fijó para las 11:00. El temario tiene como único eje la discusión de la iniciativa que busca declarar el Estado de Emergencia Habitacional en todo el territorio de la Provincia de Santa Cruz.

El nudo central de la propuesta se concentra en el Capítulo II, específicamente en los artículos 3º y 4º. De aprobarse la norma, el Ejecutivo quedará facultado para reasignar partidas presupuestarias y aplicar procedimientos agilizados de contratación en la ejecución de obras públicas y compra de materiales.

A su vez, el inciso e del artículo 4º contempla la creación del Banco de Tierras Provincial para identificar, expropiar o adquirir terrenos aptos para loteos. En materia de fiscalización, los artículos 5º y 6º proponen crear una Comisión de Seguimiento parlamentaria, la cual recibirá informes semestrales sobre la ejecución de fondos y el avance de las obras.

En la sección de fundamentos, el texto justifica la medida aludiendo al crecimiento demográfico sostenido, la coyuntura económica y el rigor del clima patagónico. La propuesta normativa no incorpora anexos estadísticos ni relevamientos censales que cuantifiquen el déficit habitacional actual o el número de familias afectadas por municipio.

La iniciativa tampoco incluye informes de factibilidad expedidos por las empresas prestatarias de servicios esenciales. Dichos estudios resultan requeridos para certificar si las redes existentes de gas natural, agua potable y energía eléctrica cuentan con la capacidad técnica para abastecer a las nuevas urbanizaciones.

La posible exención de los procesos ordinarios de licitación pública reabrió la discusión en el sector de la construcción. Desde el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda señalan que la eventual aprobación de la emergencia habilitaría esquemas de contratación directa o licitaciones abreviadas.

En ese marco, trascienden gestiones vinculadas a empresas del rubro como Chimen Aike y Escarabajal Ingeniería S.R.L.. Esta última antecede operaciones previas en UTE junto a Bahía Blanca Viviendas S.R.L. en infraestructura edilicia y proyectos sanitarios locales. Asimismo, se analiza la participación de la empresa pública SAU Santa Cruz Puede como proveedora o intermediaria de paneles y viviendas industrializadas.

Para la aprobación del Proyecto de Ley N° 406 durante la sesión extraordinaria convocada para este jueves, el bloque oficialista requerirá alcanzar la mayoría calificada de dos tercios de los votos en el recinto.