La presentación radicada en la Justicia Federal señala que el Gobierno nacional utilizó la caja del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL), destinada por la Ley 23.966 a la infraestructura de transporte, como un mecanismo de presión sobre las provincias para garantizar la aprobación de proyectos legislativos oficiales.

Según la documentación volcada en la causa, los desembolsos del Sistema Vial Integrado (SisVial) registraron una concentración anómala en las fechas de debate parlamentario. Durante las jornadas de votación en el Congreso se liberaron 3,44 veces más pagos que en el resto de los días hábiles.

Entre las maniobras detalladas en el escrito figura el tratamiento del DNU 179/2025, vinculado al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El 21 de marzo de 2025, de forma posterior al aval normativo, la Nación transfirió $6.596 millones del SisVial, un monto que se concentró casi en su totalidad en la provincia de Santa Cruz.

La nómina presentada por Marcela Pagano deja en evidencia giros articulados con el cronograma de comisiones y sesiones parlamentarias:

• Ficha Limpia: $7.895 millones enviados a Vialidad de Jujuy el 7 de mayo de 2025, en coincidencia con el tratamiento del proyecto en el Senado.
   
• Tratamiento de vetos presidenciales: $20.983 millones liquidados durante la semana de agosto de 2025 en la que la Cámara Alta trató las decisiones del Ejecutivo.
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• Reforma laboral: $17.139 millones transferidos entre el 11 y el 13 de febrero de 2026.
   
• Ley de Glaciares: $12.551 millones asignados entre el 8 y el 10 de abril de 2026, con Salta entre los distritos receptores.
   
• Leyes Hojarasca y Zonas Frías: $14.096 millones desembolsados entre el 19 y el 21 de mayo de 2026.
   

Durante las tres ventanas analizadas del 2026, el Gobierno desembolsó $33.786 millones, cifra que representa el 52,7% de todo lo ejecutado por el SisVial durante los primeros cinco meses de este año. El 41,5% de ese total se concentró en Jujuy, Misiones y Santiago del Estero.

La presentación judicial contrapone la distribución de fondos según la agenda política con el deterioro estructural de las rutas nacionales. Desde diciembre de 2023, la recaudación acumulada del impuesto vial alcanzó los $1.503.252 millones, pero solo se devengaron $394.406 millones, lo que representa una subejecución del 73,8%.

Al cierre de mayo del 2026, $1.038.779 millones pertenecientes al fideicomiso continuaban colocados en plazos fijos y títulos públicos bajo la órbita del Ministerio de Economía que encabeza Luis Caputo, sin aplicarse al mantenimiento ni a la repavimentación de la red vial nacional.

El expediente recayó en el Juzgado Federal N° 10, cuyo titular es Julián Ercolini, el mismo magistrado que llevó la instrucción en la causa conocida como Vialidad.