El "Estímulo" de la Discordia y la Realidad Salarial
El reciente anuncio de la funcionaria Iris Ragudo y del gobernador Claudio Vidal sobre un "estímulo por nuestra educación" —un pago único de 500.000 pesos destinado exclusivamente a los docentes que no realizaron medidas de fuerza— ha sido recibido por el sector gremial como una provocación y una medida extorsiva, más que como un incentivo real.
Desde la perspectiva sindical, un verdadero estímulo consistiría en convocar a paritarias que garanticen salarios por encima de la línea de pobreza e invertir de manera efectiva en la infraestructura escolar para evitar la suspensión de clases por falta de calefacción, agua o insumos rotos. El acto oficial en la casa de gobierno, lejos de propiciar el diálogo, pareció diseñado para colocar a los docentes como el enemigo público.
La propuesta oficial muestra una profunda contradicción en los números de la economía familiar. Actualmente, la canasta básica en la región se sitúa aproximadamente en los 1.900.000 pesos. En contraste, el salario de un docente recién ingresado con doble cargo es de 1.200.000 pesos. Con el aumento paritario de entre 230.000 y 250.000 pesos —un incremento que el gremio terminó aceptando a la baja para evitar que los alumnos siguieran perdiendo días de clase—, el sueldo llega a 1.450.000 pesos. Solo sumando el polémico bono de 500.000 pesos se alcanzarían los 1.950.000 pesos, rozando apenas la línea de la canasta básica. Este escenario demuestra que el Gobierno provincial disponía de los fondos necesarios para otorgar un aumento salarial genuino en el ámbito paritario, evitando la pérdida de casi 70 días de clase durante el primer semestre por lo que el gremio califica como un "capricho" oficial. Anteriormente, la gestión provincial había argumentado en los medios que requería la aprobación del endeudamiento en dólares para poder otorgar mejoras salariales, una justificación que finalmente se reveló como un "circo" mediático, ya que el aumento se ofreció sin que se aprobara dicho endeudamiento ni cambiara la economía de la provincia.
Esta situación se da en un contexto provincial crítico, marcado por una caída del 50% en la producción de petróleo tras la salida de YPF, el cierre diario de comercios, la caída del empleo y salarios por debajo de la línea de pobreza. Para colmo, el pago de los 500.000 pesos se realiza "en negro" (no bonificable), lo que significa que no lo percibirán los jubilados y que no se registrarán aportes para la seguridad social. Esto genera un perjuicio directo que desfinancia tanto a la Caja de Previsión Social como a la Caja de Servicios Sociales, contradiciendo el discurso oficial que recurrentemente lamenta el déficit de ambas instituciones.
Al contrastar la gestión actual con las promesas de campaña plasmadas en los "10 compromisos para transformar Santa Cruz", se evidencian múltiples deudas pendientes a poco más de un año de finalizar el mandato de cuatro años. La promesa de garantizar 180 días de clase quedó incumplida debido al prolongado conflicto. Asimismo, el presupuesto educativo no alcanza el 25% estipulado por ley, destinándose actualmente solo entre el 21% y el 21,2%. En cuanto a infraestructura, la propuesta de construir 20 escuelas en los primeros 24 meses no se ha materializado en ninguna obra nueva; de hecho, el Gobierno ha manifestado la imposibilidad de construir incluso cuatro o cinco aulas adicionales en las escuelas existentes. La reparación y refacción de escuelas en 90 días tampoco se cumplió, encontrándose muchos colegios en peores condiciones edilicias que al inicio de la gestión. Un ejemplo de esta crisis ocurrió en el Secundario N° 17, donde tras problemas de calefacción se debió implementar una rotación en la que solo 5 de los 17 cursos pudieron tener clases. Ante este abandono estatal, los propios docentes y directivos deben costear insumos básicos como tizas, libros de temas y cortinas; al Colegio Industrial 4, con más de 1.200 estudiantes y 300 docentes, solo se le entregaron entre 15 y 20 cajas de tizas para todo el primer semestre. Tampoco se ha avanzado en la construcción de la universidad provincial prometida, ni se ha brindado colaboración a la universidad pública ya existente en Santa Cruz.
La postura de Claudio Vidal respecto a las medidas de fuerza docente choca directamente con su propio historial y sus declaraciones pasadas. El sindicato del cual proviene el actual gobernador llevó adelante numerosos paros anuales entre 2008 y 2016, afectando la producción de hidrocarburos y generando pérdidas millonarias a la provincia, sin sufrir jamás descuentos por los días no trabajados. Además, cuando se desempeñaba como diputado nacional, Vidal declaró en el Congreso de la Nación que resultaba "una vergüenza" aplicar descuentos por paros a los docentes que percibían salarios por debajo de la línea de pobreza. Hoy, bajo su gobernación, ha anunciado que aplicará descuentos salariales estrictos a los docentes en lucha que continúan bajo esa misma línea de pobreza. Finalmente, en el plano de la vida interna del sindicato, se informó que el dirigente Miguel del Pla se encuentra alejado temporalmente de la actividad gremial para enfocarse en su recuperación, realizando terapias cognitivas para mejorar su memoria y mostrando avances positivos en su salud.
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