El camino para disputar la representación de los trabajadores en la Caja de Servicios Sociales deja al descubierto una profunda asimetría regulatoria. Mientras que a los candidatos independientes se les exige la presentación de 2.400 avales para oficializar su lista —bajo la estricta condición de no recibirles ningún papel si no alcanzan dicha cifra—, los gremios gozan del privilegio de ser eximidos de este requisito con la sola firma de su organización.

En este escenario adverso, y sin estructura económica para recorrer el interior provincial, Mabel y Soledad lograron reunir 200 firmas en menos de una semana. A pesar del esfuerzo, la rigidez de la norma impidió su postulación, dejando la contienda electoral reducida prácticamente a la lista del SOEM y una posible presentación de Piriz. Esta falta de equidad limita severamente la representatividad de los trabajadores comunes dentro de la obra social.

Además, la situación interna del IDUV refleja un estado de abandono edilicio alarmante, registrado en filmaciones recientes dentro de las dependencias. Según la denuncia de Mabel Comicheo, el techo del edificio central lleva meses roto sin ser reparado. A esto se suman fallas eléctricas constantes, con llaves térmicas que saltan debido a la falta de equipamiento de escala industrial, y baños de mujeres que carecen por completo de luz.

Lo más grave es que, mientras los trabajadores desempeñan sus tareas en estas condiciones, los fondos federales del FONAVI no están siendo utilizados. Estos recursos bien podrían destinarse a la ampliación de oficinas y a la reubicación adecuada del área de hábitat junto al personal de la sede central.

La entrega de viviendas sociales en zonas inundables de San Benito desnuda una preocupante negligencia histórica. Mabel reveló que, hace aproximadamente dos años, denunció la existencia del informe técnico elaborado por el ingeniero Fernández (exagente de Vialidad Provincial que prestó servicios en el IDUV). Dicho informe fue entregado en mano al entonces presidente del IDUV y actual intendente, Pablo Grasso, advirtiéndole explícitamente que no debían entregarse esas tierras por ser inundables.

Pese a la advertencia, los terrenos se entregaron y las viviendas continúan inundándose. Actualmente, ante la construcción de 120 nuevas viviendas, se exige con urgencia la realización de rellenos y la instalación de servicios básicos para evitar que se repita la misma problemática. Aunque tras las denuncias radiales se enviaron cuadrillas a desagotar el agua acumulada, las zonas afectadas volvieron a inundarse rápidamente.

La gestión de la salud pública y la obra social provincial enfrenta duras críticas. Se señala el distanciamiento de las autoridades políticas respecto de la realidad cotidiana de los ciudadanos. En ese sentido, se insta al gobernador a abandonar los protocolos y recorrer personalmente las guardias de los hospitales a la madrugada, así como las oficinas de la Caja de Servicios Sociales, donde las quejas por la atención y los turnos son constantes.

A esto se suma la parálisis y el cruce de acusaciones políticas entre "Pablo" y "Claudio", quienes se responsabilizan mutuamente mientras la población padece la falta de insumos básicos. Un caso testigo de esta crisis es el de una niña con cáncer en El Calafate que lleva tiempo esperando medicamentos que la Caja de Servicios Sociales no entrega debido a demoras con el laboratorio, viéndose ahora obligada a ser derivada al Hospital Garrahan sin su tratamiento. La gestión de Zapatero al frente de la Caja es calificada como deficiente y orientada a presuntos negocios con sectores kirchneristas designados en su entorno, bajo la influencia de una corporación multinacional.