Durante el encuentro, que reúne a las máximas autoridades judiciales de la Nación y de las provincias para coordinar políticas públicas y modernizar el sistema judicial, la ministra de Gobierno de Santa Cruz, Belén Elmiger, fue designada como vicepresidente segunda del organismo. Sin embargo, detrás del anuncio oficial se esconde una realidad insostenible: la máxima representante enviada por la provincia para presidir las discusiones jurídicas del país ni siquiera cuenta con título de abogada ni posee trayectoria en el ámbito de la justicia.

La delegación santacruceña estuvo acompañada por la propia fiscal de Estado, Natalia Linardi, quien presentó a Elmiger ante las 21 jurisdicciones presentes como la principal referente provincial en materia judicial. Resulta inadmisible que un órgano técnico destinado a debatir reformas procesales, el acceso a la justicia y la aceleración de la gestión judicial quede en manos de una funcionaria cuyo único antecedente parece ser la conveniencia política. Que la propia conducción legal de la provincia avale semejante despropósito muestra la falta absoluta de criterios de idoneidad y el desprecio por la formación académica necesaria para ocupar roles de representación federal.

Este nivel de improvisación no es novedoso en la trayectoria de Elmiger. Su paso por la función pública acumula antecedentes alarmantes, como su gestión al frente de la Caja de Previsión Social, donde impulsó resoluciones y acuerdos normativos que violaban flagrantemente la legislación provincial vigente y tuvieron que ser revocados por su evidente ilegalidad. Trasladar esa misma incapacidad operativa desde el Ministerio de Gobierno hacia el fuero judicial nacional evidencia una matriz de gestión signada por el desorden y la falta de fundamentos técnicos, donde se improvisa sobre áreas sensibles que requieren conocimiento experto.

El episodio en el COFEJUS se enmarca la una política generalizada de "nivelación hacia abajo" impuesta por el esquema de gobierno de Claudio Vidal y sus funcionarios. La asignación de carteras clave a personas carentes de la preparación más elemental se ha vuelto la regla general en Santa Cruz. La designación de Elmiger al frente de la representación judicial encuentra su correlato en la conducción del Ministerio de Seguridad por parte de Pedro Pródromo, demostrando que la idoneidad y el mérito han sido completamente desplazados por la lógica del alineamiento político sin exigencias institucionales.

Tan grave como el desacierto oficial es el vergonzoso silencio del Colegio de Abogados de Santa Cruz y del foro profesional local. Frente a la afrenta que significa que una persona sin formación jurídica represente a la provincia en el máximo organismo de justicia nacional, se ha optado por el mutismo. Este acomodamiento deja en claro la dinámica histórica de cooptación, donde gran parte de los profesionales graduados evita cualquier postura crítica para no poner en riesgo futuras contrataciones o cargos en la administración pública. El silencio complaciente ante designaciones irregulares —como ocurrió en el pasado con la llegada de jueces traídos desde otras provincias sin arraigo ni antecedentes locales— demuestra cómo la búsqueda de cargos y sueldos estatales ha neutralizado el rol de control del fuero local.

Mientras el COFEJUS debate la modernización del sistema judicial argentino con los mejores cuadros de cada provincia, Santa Cruz ofreció un espectáculo de improvisación de la mano de una comitiva sin credenciales. La falta de pudor político del Ejecutivo, sumada a la complicidad por omisión de las instituciones intermedias, confirma la degradación acelerada del prestigio institucional santacruceño. Seguir justificando la ignorancia en la función pública no solo devalúa la representación federal de la provincia, sino que consolida un modelo donde la falta de idoneidad se premia y la capacidad técnica se vuelve prescindible.